BUENOS AIRES.- Luego de una extensa jornada dominada por la tensión y algunas denuncias de irregularidades, la Justicia dispuso la liberación de 30 de los 31 detenidos en Plaza de Mayo durante la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado. El único demorado es un hombre que presentó un documento falso durante la declaración indagatoria.

Desde la mañana hasta bien entrada la tarde, los detenidos estuvieron en los tribunales de Comodoro Py, donde fueron indagados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por los delitos de “intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad” cometidos en la movilización del viernes último, cuando se cumplió un mes de la desaparición del joven.

Menos de dos horas después de terminado el proceso, el juez dispuso la liberación de 30 detenidos, en línea con el pedido de excarcelación que habían hecho los abogados defensores. Sólo quedó uno en custodia por un problema con su documento.

Afuera de los tribunales, los manifestantes que se movilizaron para transmitir apoyo -y que habían amenazado con montar una guardia hasta que los liberen a todos- celebraron con cánticos la disposición del juez. Los manifestantes pasaron los últimos tres días custodiados en comisarías, luego de haber sido capturados por la policía durante los graves incidentes del viernes, cuyos destrozos demandarán al Gobierno porteño una inversión millonaria para volver a poner en condiciones el mobiliario público.

Aunque la jornada transcurrió sin cruces con las autoridades, hubo momentos de intranquilidad. Tras seis horas de demora -los detenidos habían sido citados a las 8-, el juez Martínez de Giorgi comenzó a tomar las declaraciones pasadas las 14, luego de que un grupo de abogados defensores cuestionaran públicamente la tardanza.

El magistrado aceptó un pedido de los representantes de derechos humanos y recibió a Matías Aufieri, del Centro de Profesionales de DDHH; y a María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Luego de la reunión, Aufieri y Verdú dijeron que el juez les adelantó que los detenidos podrían quedar en libertad ayer mismo.

“Vamos a pedir la excarcelación inmediata de los detenidos. Las penas por lo que se los acusa son menores a los ocho años, que es lo que el Código impone como límite”, había explicado ante la prensa Ismael Jalil, uno de los abogados.

De acuerdo con lo establecido en el Código Penal sobre el delito de “intimidación pública”, pueden ser penados “con prisión de dos a seis años” aquellos que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales para producir tales efectos”. “Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”, agrega la normativa.

En lo que respecta al delito de atentado y resistencia contra la autoridad, la normativa establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones”.

En tanto, el artículo 238 precisa que “si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas” la pena podrá ser “de seis meses a dos años”.

Más allá de las imputaciones, el abogado defensor desligó de toda responsabilidad de los incidentes a los declarantes.

Incidentes y roturas

Tras la movilización a Plaza de Mayo, las personas fueron detenidas en medio de incidentes que incluyeron la quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes, rotura de vidrios de comercios y edificios públicos, así como también agresiones con objetos contundentes hacia efectivos de la Policía de la Ciudad. Un total de 15 policías resultaron lesionados tras los disturbios. Uno de los efectivos sufrió una fractura en un pie, mientras que la mayoría sufrió traumatismos y contusiones. Otro agente terminó con irritación en los ojos por gas vesicante y otro por inhalación de la misma sustancia.

Entre los policías lesionados están dos mujeres: una con traumatismo de pie izquierdo y mano derecha, y otra con traumatismo en la pierna. El caso de más grave es el de un oficial con fractura de metatarsiano compatible con equimosis plantar. (DyN/lanacion.com.ar/infobae.com)

Un estudio de olores abre una nueva pista

BUENOS AIRES.- Un nuevo estudio elaborado por las brigadas caninas de las policías de Santiago del Estero y Viedma, a pedido del juez federal Guido Otranto, aporta una pista que podría ser clave en el caso de Santiago Maldonado. Los expertos entregaron un informe preliminar donde indican que el 16 de agosto encontraron aromas de personas, presumiblemente vivas, en la comuna de Cushamen, que se corresponden con los de las ropas que se le adjudican al artesano.

Según expertos, el lapso máximo sobre el cual funciona con mayor precisión el grupo de perros es de 24 horas, pero en la Patagonia, debido a sus condiciones climáticas (viento, precipitaciones y características del suelo arcilloso del área), estas deben reducirse a unas 15 horas. En otras palabras, quien usó las ropas que fueron entregadas por los propios mapuches -con la validación de la familia como propiedad de Maldonado-, probablemente se encontraba en el área del llamado Pu Lof el día 15, entre las 18 y 19 horas. (clarin.com)